Juez abre acceso de Maldonado y Vick a prueba exculpatoria por compraventa de pruebas para detectar COVID-19
La determinación tomó por sorpresa a los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Manuel Núñez Corrada, que evaluarán ahora si elevar o no ese asunto al Tribunal de Apelaciones
Juez abre acceso de Maldonado y Vick a prueba exculpatoria por compraventa de pruebas para detectar COVID-19
Juez abre acceso de Maldonado y Vick a prueba exculpatoria por compraventa de pruebas para detectar COVID-19
Un documento titulado “Informe confidencial del Departamento de Justicia al Panel del Fiscal Especial Independiente” en torno a la pesquisa por la multimillonaria compraventa de pruebas para detectar COVID-19 no cualificadas, constituye “prueba exculpatoria” a favor de los acusados Aaron Vick y Juan Maldonado de Jesús.
Así lo determinó este lunes el juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, al ordenarle a los fiscales especiales independientes (FEI) la entrega de dicho documento a la defensa de los señalados durante la etapa actual del proceso, que no ha alcanzado la vista preliminar. Para completar ese trámite, el juez otorgó cinco días.
“Nos tomamos el tiempo y examinamos el documento, un documento voluminoso, 154 páginas. El documento, como bien dice el fiscal Mendoza, sí tiene unas conclusiones, pero antes de esas conclusiones hay mucha información. Y del análisis que hace este juez, el juez entiende que el documento es prueba exculpatoria”, afirmó Sepúlveda Lavergne.
La determinación tomó por sorpresa a los fiscales, que habían accedido a dejar en manos del juez el acceso al documento, argumentando que dicho documento no contiene información que pueda ser utilizada en defensa de Vick y Maldonado. “¿Qué contiene prueba exculpatoria?”, cuestionó el fiscal Ramón Mendoza al juez, al anunciar su determinación durante una vista de estatus en la sala 606 del Centro Judicial de San Juan.
“La información que hay antes de la conclusión, hay unos análisis, resúmenes de entrevistas que se hicieron y hay mucha información conducente a que es exculpatorio”, respondió el juez.
En abril de 2020, El Nuevo Día publicó una extensa investigación sobre el proceso irregular en la compraventa de pruebas para detectar COVID-19a dos compañías sin experiencia previa en suministros médicos y con vínculos al Partido Nuevo Progresista (PNP), APEX General Contractor y 313 LLC.
En noviembre de ese año, el Departamento de Justicia concluyó que la compra irregular y a sobreprecio -$40 millones- de pruebas para detectar COVID-19no debía conllevar proceso penal y que solo ameritaba el referido al Tribunal Supremo del abogado Maldonado de Jesús, representante legal de una de las compañías envueltas en la transacción, para que se investigara su conducta como abogado notario.
Pero el Panel del FEI, que no está obligado a seguir la recomendación de Justicia, asignó un fiscal que hizo una investigación a fondo y se determinó la radicación de cargos. Así, en noviembre de 2021, la juezaIraida Rodríguez Castro, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto contraMaldonado de Jesús y Vick, por su participación en la compra de pruebas rápidas de COVID-19 al principio de la pandemia.
Vick es imputado de realizar acciones ilegales para beneficiarse de la venta de pruebas serológicas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico. Maldonado de Jesús, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), está imputado de los delitos de tentativa de fraude, falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados, intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales y falsedad ideológica, por hechos no relacionados con el cargo público, sino como representante legal de la empresa Apex General Contractor.
A su salida de la sala, el fiscal Mendoza reconoció que el Ministerio Público favoreció que el Tribunal examinara el documento, pero reiteró su convicción en cuanto a que el contenido no constituye o contiene evidencia a favor de los señalados.
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“Ese es el análisis del Tribunal, nosotros tenemos que respetarlo. No tenemos forma de entenderlo, realmente no lo entendemos y entendemos que está totalmente equivocado”, afirmó.
“Nosotros dimos el paso de colocarlo a disposición del Tribunal para que se expresara al respecto. Es un informe que regularmente prepara el Departamento de Justicia en todos los casos del FEI. Tiene base en la investigación que realiza el Departamento de Justicia que considera un sinnúmero de aspectos, entre ellos, lo que pudo haber pasado en la Cámara de Representantes”, explicó, haciendo referencia a la investigación que realizó la Comisión de Salud de la Cámara en el 2020.
La defensa, por su lado, argumentó que el informe constituye una evidencia favorable para los acusados, tanto por el contenido, como por aquella información o hechos que no hayan sido señalados por Justicia. “Además de la investigación que hizo la Cámara de Representantes, se determinó por el Departamento de Justicia, que es quien regularmente viene obligado a procesar los crímenes en Puerto Rico, que estas personas no cometieron delito alguno”, sostuvo el licenciado Alberto Rivera Ramos, uno de los abogados de Maldonado de Jesús.
En acuerdo entre las partes y el juez, la vista preliminar señalada para el 19 de septiembre fue suspendida y se colocó en agenda una nueva vista de estatus para el 21 de septiembre.
Sin resolver la controversia sobre jurisdicción
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A mediados de junio, la vista preliminar ya había sido suspendida, en espera de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera una controversia de derecho sobre la jurisdicción de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) en este caso. El juez Sepúlveda Lavergne indicó este lunes que resolverá esa controversia durante los próximos diez días.
Leo Aldridge, uno de los abogados de Vick, sostuvo en junio que la Opfei perdió su jurisdicción desde el momento en que su investigación a fondo encontró que no podían presentar denuncias contra los funcionarios públicos sospechosos de delitos en la controvertible compra venta de las pruebas para detectar COVID-19 en marzo de 2020.
“La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente no puede procesar criminalmente a un ciudadano privado cuando no se alega que actuó en concierto y común acuerdo con funcionarios públicos”, dijo el abogado.
Además, Aldridge señaló que la Opfei se atribuyó “un segundo turno al bate en un procesamiento criminal” cuando presentó denuncias contra Vick, después que el Departamento de Justicia recomendó en su informe de investigación preliminar que no procedía una pesquisa a fondo de este asunto por parte de la Opfei y, por lo tanto, la radicación de cargos.
“El permitir que una segunda entidad distinta al Departamento de Justicia tenga un segundo turno al bate es violatorio a los más elementales principios de justicia y del proceso”, defendió el abogado. “Cuando concluyen que no hay prueba para presentar contra funcionarios públicos, en ese momento, muere la jurisdicción del FEI”.
Por el contrario, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Manuel Núñez Corrada han sostenido que mantienen jurisdicción tanto en el caso de Vick como del abogado Juan Maldonado, coacusado por estos hechos, porque el caso les llegó mediante un referido en el que varios funcionarios públicos eran sospechosos de delitos.
Los FEI alegan que no perdieron esa jurisdicción cuando la pesquisa a fondo encontró que no había prueba suficiente para procesar a ninguno de los funcionarios públicos envueltos, pero sí para denunciar a dos de las personas privadas investigadas tras el referido que les llegó a través de la Cámara de Representantes y de Justicia.
La Opfei liberó de responsabilidad penal a los funcionarios públicos que hicieron posible la compra de las pruebas a un costo de $38 millones en un proceso en el que permitieron hasta un pago adelantado de $19 millones, lo que no es viable en las compras realizadas por el gobierno.
Aldridge insistió en que, entonces, le corresponde a Justicia el procesamiento criminal de los ciudadanos privados que, según la pesquisa de la Opfei, no conspiraron con funcionarios públicos para cometer los delitos que se le imputan.
El abogado Rivera Ramos, quien representa a Maldonado junto a Mayra López Mulero, también ha insistido en que la Opfei perdió jurisdicción en este caso cuando al finalizar su pesquisa determinó no presentar cargos contra ninguno de los funcionarios públicos que figuraban como sospechosos en esta transacción.
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