grabaciones relacionadas a la investigación del caso contra Wanda Vázquez
En una moción, la fiscalía aludió a la existencia de otras pesquisas “paralelas” y a información “clasificada”
Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés) realizaron por lo menos 24 grabaciones de audio en el transcurso de la pesquisa del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados.
Así se desprende de una moción presentada anoche por el Ministerio Público al juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach.
El propósito de la moción era informar al juez sobre qué ha pasado desde que los tres acusados comparecieron a sus vistas iniciales, tras la acusación de un gran jurado federal el mes pasado.
La fiscalía señaló que le ha provisto el descubrimiento de prueba inicial a los tres acusados, “que consiste primariamente de una copia del expediente investigativo del FBI y contiene aproximadamente 16 ‘gigabytes’ de datos y 24 grabaciones de audio”.
Agregó que “el Ministerio Público producirá entradas adicionales al expediente investigativo del FBI que se produjeron después del 28 de julio de 2022″.
Estas grabaciones se sumarían a que en el pliego acusatorio se adelantó que la prueba del Estado incluye mensajes texto y de correos electrónicos interceptados por las autoridades federales.
“Herrera Velutini, Rossini, Vázquez y sus coconspiradores se comunicaron en secreto entre sí directamente, a través de intermediarios y a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería basadas en Internet, y durante reuniones en persona, para discutir aspectos del acuerdo para pagar sobornos a Vázquez Garced”, alega la acusación emitida por el gran jurado federal.
Mientras, el fiscal de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, Nicholas Canon, adelantó en la moción que en los próximos 14 días entregarán materiales adicionales en el descubrimiento de prueba.
Señaló que esa prueba incluirá transcripciones de testimonios ofrecidos por testigos que no son agentes de ley y orden que desfilaron ante el gran jurado federal.
Además, destacó que entregará “los acuerdos de alegación de culpabilidad” de potenciales testigos en este caso.
Además de Vázquez Garced, en el mismo caso están acusados el dueño de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, y su exasesor, Mark Rossini, quien también fue agente del FBI.
Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.
En su moción de ayer, Cannon apuntó que el Ministerio Público “pretende producir” para la defensa de los acusados “copias de los expedientes investigativos del FBI en dos investigaciones paralelas”. La moción no precisó si se trata de casos que ya se han ventilado públicamente.
Hasta el momento, se sabe que otros implicados en el caso son el colaborador y recaudador de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman, y Frances Díaz, quien fue presidenta de Bancrédito.
El pasado 4 de agosto, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, detalló que Blakeman y Díaz se declararon culpables por participar en el esquema de soborno para financiar la campaña electoral de Vázquez Garced en 2020.
Según el pliego acusatorio que se hizo público esta mañana, entre diciembre de 2019 hasta agosto de 2021, Blakeman “conspiró y acordó a sabiendas y deliberadamente” con varias figuras –entre ellas Díaz– “para dar corruptamente cosas de valor a uno o más funcionarios públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Por la cantidad de material en el descubrimiento de prueba entregado y que falta por producirse, el fiscal indicó en la moción de ayer que las partes están de acuerdo en que no se lleve a cabo vistas por lo menos hasta 70 días, para que la defensa tenga tiempo para revisar la evidencia.
Enfatizó en que la defensa está de acuerdo con el plazo, que incluirá dejar en suspenso en ese periodo el conteo de tiempo relacionado a su derecho a un juicio rápido.
De otra parte, la fiscalía informó al juez federal que radicará una moción separada bajo la Ley de Procedimiento de la Información Clasificada o “Classified Information Procedures Act” (CIPA).
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el CIPA es aplicado como “precaución contra la divulgación desautorizada de información clasificada durante el caso”. Según la agencia, se supone que “no agrega ni resta valor a los derechos sustantivos del acusado ni a las obligaciones de descubrimiento del gobierno”.
“Más bien, el procedimiento para hacer estas determinaciones es diferente en el sentido de que equilibra el derecho de un acusado penal con el derecho del soberano (Estado) a saber con anticipación una amenaza potencial de un proceso penal a su seguridad nacional”, agrega la descripción del CIPA.
No obstante, la fiscalía avisó al juez que las defensas de los acusados se reservan el derecho de impugnar cualquier procedimiento bajo el CIPA en este caso.
Según la acusación del Gran Jurado Federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.
“A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini prometieron financiar la campaña electoral para gobernadora de 2020 de Vázquez Garced, a cambio de que Vázquez Garced despidiera al comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo comisionado, que sería escogido por Herrera Velutini”, afirmó Muldrow el mes pasado.
grabaciones relacionadas a la investigación del caso contra Wanda Vázquez