El esquema de la venta de pruebas en Puerto Rico
Como cara del negocio, una persona con conexiones en el sector público, ligada al Partido Nuevo Progresista, llega con sus pruebas rápidas al Gobierno. Lo hace a través de las mismas personas: el director del Task force médico, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, su enlace con La Fortaleza, Mabel Cabeza, o Adil Rosa Rivera, quien supervisa las compras de emergencia por la COVID-19 en la agencia.
Tras bastidores, hay socios participando de la transacción, la mayoría de ellos extranjeros con negocios en la isla y beneficiarios de incentivos contributivos. Para realizar las compras, el Gobierno de Puerto Rico no va directamente al manufacturero, sino que a través de varias capas de intermediarios, algunas locales y vinculadas al partido, y otras extranjeras y muy sofisticadas, mayormente en los Estados Unidos. A través de la cadena, ganan dinero todos los niveles: el frente del negocio, los socios, los intermediarios y el manufacturero.
Tres de las principales compras de pruebas de detección de anticuerpos a la COVID-19 siguieron este mismo esquema, y las tres resultaron fallidas. Ninguna de las transacciones se concretó según pactada y solamente una ha sido cancelada.
En total, más de $40 millones de dólares en fondos públicos en medio de la emergencia, cuya declaración flexibilizó los procesos de compra.
Así fue la adquisición de más de 1.1 millones de pruebas rápidas para COVID-19 a tres suplidores locales: Castro Business, Apex General Contractors y 313, todas actualmente bajo investigaciones en la Cámara de Representantes y de autoridades locales y de EE.UU. Un cuarto suplidor, Maitland 175, vendió y entregó 200,000 pruebas a Salud, que fueron las únicas pruebas de anticuerpos que el Gobierno pudo usar en los hospitales y centros de salud.
Más de 100,000 de estas pruebas fueron detenidas por las autoridades de EE.UU., retrasando su entrega. Una transferencia de $19 millones fue detenida en un banco local y al cabo de horas, la transacción con Apex Contractors fue cancelada por el Gobierno. Castro Business entregó una cuarta parte de su orden de pruebas (que posteriormente fueron retiradas del mercado), el resto llegó tarde y era de una marca distinta a la acordada. El tercer suplidor, 313 LLC, tiene al Departamento de Salud en el tribunal para forzar que la agencia reciba casi 50,000 pruebas que llegaron tarde. El Gobierno rehúsa hacerlo hasta tanto no se renegocie el precio de compra.
Al final, poco más de 10,000 pruebas de las 1.1 millón compradas a estos tres suplidores llegaron finalmente a centros de salud para ser utilizadas en pacientes.
El esquema de la venta de pruebas en Puerto Rico