El Tribunal Supremo decide que la Opfei tiene jurisdicción sobre Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick

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La defensa de Juan Maldonado de Jesús argumentó que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción sobre él. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Tribunal Supremo decide que la Opfei tiene jurisdicción sobre Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el viernes que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tiene jurisdicción para procesar criminalmente a los empresarios Juan Maldonado de Jesús Aaron Vickimputados por la venta fallida de $38 millones en pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno.

Según la opinión mayoritaria, los fiscales especiales independientes (FEI) tienen la autoridad para encausar “individuos particulares cuya presunta conducta delictiva ha sido descubierta como parte de los hallazgos de la investigación que ha sido debidamente encomendada por el Panel”.

“Solo de esta forma se cumpliría con la intención legislativa de garantizar el ejercicio pleno de la jurisdicción concedida al Panel y a los fiscales especiales para acudir a los tribunales de justicia, en representación del gobierno de Puerto Rico, a instar las acciones criminales que procedan como resultado de sus investigaciones”, lee la opinión del Tribunal Supremo, emitida por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón.

El Nuevo Día reveló, en 2020, que la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced había comprometido más de $40 millones para la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus a empresas sin experiencia en el manejo de productos médicos, pero dirigidas por personas con estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Maldonado de Jesús, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), y Vick presuntamente cometieron delitos para obtener un contrato gubernamental relacionado con la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por $38 millones.

Los fiscales especiales presentaron cargos contra Maldonado de Jesús y Vick por tentativa de fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención indebida en operaciones gubernamentales.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó, en 2022, los cargos contra Maldonado de Jesús y Vick, al determinar que la Opfei no posee jurisdicción sobre los empresarios. La defensa había argumentado que el Panel no puede procesar criminalmente a un ciudadano privado si no forma parte de un esquema junto con empleados públicos.

El Tribunal de Apelaciones confirmó, en febrero, el dictamen del foro de primera instancia.

El más alto foro judicial revocó la decisión del Apelativo y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia.

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