Pierluisi llega al Supremo a defender sus decretos pandémicos
Con el argumento de que el Tribunal de Apelaciones “borró del panorama toda facultad válidamente delegada al gobernador” para emitir mandatos en medio de una emergencia, y tal como se esperaba, el Gobierno de Puerto Rico presentó ante el Tribunal Supremo una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción, junto a un Recurso de Apelación solicitando que paralice la vigencia de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, toda vez que el gobernador “está imposibilitado de actuar” para responder en la actual “emergencia”.
El recurso firmado por el Procurador general de Puerto Rico, Fernando Figueroa Santiago, en representación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, detendría hasta que se determine lo contrario, la entrada en vigor el 1 de agosto de la decisión del Apelativo que determinó que ni el gobernador ni el secretario de Salud, están facultados para imponer mediante órdenes ejecutivas reglamentación a la conducta de la ciudadanía. Esto en un caso en donde la enfermera y activista, Lourdes Amadeo Ocasio, junto a otros demandantes, presentaron un recurso de sentencia declaratoria, interdicto y daños en contra del Estado, reclamando que sus hijos, en edad escolar, estaban siendo obligados a utilizar mascarillas y a presentar evidencia de vacunación o en su defecto, pruebas negativas en sus empleos, a sabiendas de que las vacunas no protegen del contagio del Sars Cov 2.
En la sentencia emitida el 1 de julio de 2022, el Apelativo expone que “la forma en que se adoptaron (las medidas de las órdenes) no se ajusta a lo dispuesto por ley para la promulgación de reglamentación que afecta los derechos de la ciudadanía”.
El Gobierno argumenta ante el Supremo en su recurso que las determinaciones del Apelativo en este caso “causan, sin duda, un inminente daño al interés público al dejar al Gobierno desprovisto de herramientas estatutarias y constitucionales para actuar en beneficio de la ciudadanía en momentos de emergencia”.
Según el recurso judicial “de no paralizarse la entrada en vigor de la Sentencia Apelada, el Estado sufriría un daño irreparable en la medida que el Tribunal de Apelaciones invalidó el poder del Gobernador”.
El abogado de la parte demandante, Lcdo. Adrían Díaz reaccionó así en exclusiva para NUEVAISLA.com: “Ambas son necedades del Gobierno. Llevan más de dos años violando derechos fundamentales. Se les demando para que tuvieran conocimiento de que no podían emitir estas órdenes, y que tenían que legislar o hacer reglamentos, y no hicieron caso. No hay daño inminente alguno que puedan probar, que no sea que pierden la capacidad de controlar a la población. Si quieren actuar en beneficio del pueblo, tiene que ser desde el pueblo, en armonía con la Legislatura, y respetando la Constitución”, puntualizó el letrado.
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