El concesionario de las tiendas militares está vinculado al escándalo del súper PAC Salvemos a Puerto Rico
Guardia Nacional y Castro Business
La relación de negocios entre el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna) y Castro Business Enterprises como concesionario de las 10 tiendas militares que operan en Puerto Rico llegó a su fin, lo que ocurre poco después que se dio a conocer que la entidad estuvo vinculada al esquema de ocultar los donativos realizados al súper PAC Salvemos a Puerto Rico.
La empresa de Ricky Castro ha operado, desde 2008, las tiendas que ofrecen descuentos para los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico(GNPR). La finalización de los servicios, brindados ininterrumpidamente durante 14 años, ocurre en medio de investigaciones federales que indagan sobre posibles ilegalidades relacionadas con la campaña electoral a la gobernación de 2020 y al súper PAC que pautaba publicidad para favorecer al gobernador Pedro Pierluisi en la contienda.
El Nuevo Día supo que la investigación federal ha ampliado su alcance pues, tan cercano como la semana pasada, las autoridades requirieron información que indagaba, específicamente, sobre la participación del gobernador, su hermana, Caridad Pierluisi, y su cuñado, el abogado Andrés Guillemard, según una fuente con pleno conocimiento del proceso.
Al momento, la única persona procesada a nivel federal por este caso es Joseph Fuentes Fernández, quien, a principios de mes, se declaró culpable de haber ocultado el origen de $495,000 en ingresos que recibió el súper PAC (comité de acción política). Las autoridades federales no han indicado si otras personas o entidades son objeto de investigación.
Castro donó, el 19 de octubre de 2020, $50,000 a Salvemos a Puerto Rico. El donativo provino de la National Guard Exchange Military Store, nombre a través del cual su empresa hace negocios. Esta aportación se hizo mediante las organizaciones sin fines de lucro Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, creadas, en 2020, como entidades fantasmas para ocultar la identidad de los donantes en los registros públicos de la Comisión de Elecciones Federales, según la acusación federal contra Salvemos a Puerto Rico y su presidente, Fuentes Fernández.
El ayudante general de la GNPR, José Juan Reyes, emitió unas expresiones, el 5 de mayo, para desvincular al Figna de estas aportaciones políticas. “Los fondos del Fideicomiso son para beneficio de los cientos de ciudadanos-soldados y aviadores de nuestra institución y sus familias… Estas aportaciones fueron hechas por un ente privado y que en nada está asociado a nuestra institución”, dijo entonces.
Sus expresiones ocurrieron luego que se filtró a la prensa una conversación grabada de Castro, en la que asegura que su abogado, Guillemard, fue quien supuestamente depositó el donativo en la cuenta de las organizaciones sin fines de lucro y lo registró a nombre de National Guard Exchange. El audio lo divulgó el medio independiente En Blanco y Negro con Sandra, aunque no explicó cómo o por cuáles fuentes tuvo acceso.
Ayer, ni el general Reyes, presidente de la Junta de Directores del Fideicomiso, ni el director del Figna, el exrepresentante novoprogresista Epifanio Jiménez, estuvieron disponibles para contestar preguntas de este medio acerca de las razones para finalizar la relación de negocios.
Castro tampoco estuvo disponible para comentar acerca de la finalización de servicios al Figna.
El último contrato del Figna con Castro Business vence el 30 de este mes, según el registro de la Oficina del Contralor.
En días recientes, las tiendas pusieron todo su inventario, menos las bebidas alcohólicas, en liquidación debido a la determinación relacionada con el Figna.
El inicio de una larga relación
La Ley del Figna se aprobó, en 1991, para que, entre otras cosas, se encargara de manejar lo relacionado con el arrendamiento y operación de las tiendas militares en Puerto Rico. Antes de la aprobación de esa ley, el Código Militar de Puerto Rico, de 1969, autorizaba al ayudante general a operar tiendas militares o a ceder dicha autoridad a terceras personas mediante contratos de concesión.
Antes de la creación del Figna, las tiendas militares habían sido manejadas por la corporación sin fines de lucro Tiendas Militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico, originalmente incorporada bajo el nombre de National Guard Fund, Inc., según la exposición de motivos de la ley.
Con la creación del Figna, se pretendía que con los ingresos de las tiendas militares que se habían “convertido en una sólida gestión comercial” se aportara al presupuesto de la Guardia Nacional y para garantizarles otros beneficios a sus miembros.
En agosto de 2008, las tiendas militares cerraron de manera temporal debido a una política que estableció el Negociado de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que establecía que las ganancias tenían que administrarse de acuerdo con las leyes federales, lo que no pasaba en Puerto Rico.
Como la Guardia Nacional de Puerto Rico no quería apegarse a esos estatutos, rompió su relación con el Coast Guard Exchange Service y el Army and Air Force Exchange Service, que, en ese entonces, eran los concesionarios de las tiendas militares.
El Figna anunció, entonces, que había hecho un requerimiento de propuestas a interesados en operar esas tiendas en la isla. En septiembre de 2008, el Figna contrató a Castro Business haciendo negocios (D/B/A) como NGX Military Stores para operar las 10 tiendas. Esa relación se mantuvo hasta ahora.
Entre septiembre de 2008 y junio de 2017, Castro Business no pagó un canon de arrendamiento, sino que se comprometió a pagar cierto porcentaje de ventas generados en las tiendas, que podía ser entre 9% y 17% de las ventas (dependiendo el producto) y de 1% en los artículos controlados por el Departamento de Asuntos del Consumidor, como leche, pan y café.
No obstante, en julio de 2017, inició un nuevo contrato que estableció un pago de renta mensual de $450,000 y se eliminó la tarifa por ventas brutas, según se desprende de los tres contratos otorgados entre 2008 y 2017.
Guardia Nacional y Castro Business