JAG condena a la horca a 10 médicos amantes de las inyecciones de coágulos. Según Real Raw News, los militares patriotas habrían sentenciado a muerte a 10 médicos que coaccionaron a pacientes a que se vacunaran. Importante crónica de Real Raw News, no sólo por el notición en sí que constituye, sino porque esto sucede mientras el Deep State está impulsando la resurrección del Covid para propiciar nuevamente el voto por correo, en las elecciones de 2024.
Para situarnos, hay que recordar que en pasadas crónicas se nos contó que los militares se habían hecho con una lista de 19.000 médicos que habían aceptado sobornos de las compañías farmacéuticas a cambio de presionar a los pacientes para que se vacunaran, 100 de los cuales, habían sido detenidos, en los estados de Washington, Illinois, California, Nueva York y Connecticut. Militares haciéndose pasar por pacientes comprobaron, en persona, que estos médicos amenazaban con no prestarles atención si no se habían vacunado. Todos ellos, se defendieron con el mismo argumento: «sólo seguían las recomendaciones del instituto de salud y los CDC».
La crónica comienza explicando las peculiaridades de este juicio «colectivo», que va a servir de ejemplo para el que pronto tendrá lugar contra 165 soldados que se habían unido a una milicia contra Trump. El Almirante Stephens, que ejerce las funciones de fiscal, explicó el pasado jueves, en que se juzgó a los primeros diez médicos, que han decidido dividir a los 100 en grupos, por razones operativas y logísticas. «Tenemos pendientes una gran cantidad de juicios y hay que ir dándoles salida», argumentó, «los criminales del FEMA de Hawai están esperando su encuentro con la horca».
El juicio en sí duró tres horas y media, en las cuales el Fiscal presentó, vía Zoom, a numerosas personas, que fueron al médico durante los años 2021 y 2022 con dolencias tan leves como una conjuntivitis, a las cuales el respectivo médico conminó a vacunarse, si querían ser atendidos. En en este caso en concreto, de un joven de 16 años con conjuntivitis, se encontró con que, tras ser rechazado en la sanidad privada, intentó ser atendido en un centro público, encontrándose que había pasado a formar parte de una «lista negra» de «rebeldes», a partir de lo cual, se le impedía el tratamiento en cualquier centro.
En este punto, el abogado defensor (también militar) de los diez médicos acusados argumentó que la sanidad privada se rige por otros criterios que la pública y que tienen el derecho a negarse a atender a un paciente. A lo cual argumentó el fiscal que lo que se estaba juzgando no era la denegación de un servicio sino «la conspiración para denegar una atención». [Entiendo que se refiere a que no se juzga si el médico tiene o no derecho a denegar la atención médica a un paciente sino la existencia de una trama organizada para denegar la atención médica, lo cual constituye un delito de conspiración].
Los testigos vía Zoom fueron acusando a sus respectivos médicos de haberles denegado la atención si no se vacunaban, y el fiscal entregó a los miembros del jurado copias de la lista negra de 750 personas de los condados de Pierce y King. «La lista se actualizaba en tiempo real, y se compartía con el resto de centros de salud. Los médicos tenían autorización para añadir nombres a la lista, y esto es paradójico, porque ellos mismos se habían negado a vacunarse». Acto seguido, mostró los resultados los análisis de sangre practicados en los 100 médicos detenidos, comprobando que ninguno de ellos se había vacunado.
El abogado defensor exigió que este último dato no constara en el acta del juicio porque el acuerdo fue que sólo se admitirían pruebas referidas a estos 10 médicos en concreto, y no de los 100.
Tras escuchar testimonios impactantes, como el de una mujer que explicó que su médico le exigió, a gritos, que le ofreciera el brazo para que se pinchara, el fiscal Stephens explicó que los testimonios que habían escuchado eran de personas que estaban vivas para contarlo, sin embargo, muchas otras personas, que no tuvieron el coraje para negarse a la inyección, perecieron repentinamente o sufren daños severos a consecuencias del pinchazo ARN.
«Sabemos de 65 personas que murieron, y todas eran pacientes de los diez médicos acusados», dijo el fiscal, a lo que el abogado defensor argumentó: «todas ellas eran libres de negarse. No les pusieron una pistola en la cabeza».
El fiscal respondió: «estos médicos violaron su juramento hipocrático, que dice que la medicina no debe dañar la salud, pero también violaron la confidencialidad de los datos del paciente al compartir su estado de no vacunado en una lista negra, y se aseguraron de que si un paciente no quería vacunarse, tendría que viajar lejos para conseguir tratamiento médico. Y cada uno obtuvo una exención de responsabilidad emitida por el HHS y la FDA, muy similar a las exenciones otorgadas a las grandes farmacéuticas». El fiscal y Almirante repartió copias entre el tribunal de ese documento que exoneraba de responsabilidad a los médicos que presionaron a sus pacientes a que se vacunaran.
Para acabar, resumió los argumentos para acusar en juicio militar a a los detenidos: «No, los acusados no son militares ni son funcionarios públicos, elegidos o designados, pero sí tuvieron una gran influencia sobre sus pacientes. Lo que estamos juzgando es nada menos que un gigantesco caso de mala praxis médica, homocidio negligente, conspiración y traición».
El tribunal solicitó un tiempo considerable para valorar su decisión, periodo que se alargó por espacio de 5 horas y media, después de lo cual, solicitaron la pena máxima para los acusados.
El fiscal no puso fecha para el ahorcamiento pero anticipó que no será antes de una semana.
JAG condena a la horca a 10 médicos amantes de las inyecciones de coágulos