Una empresa que representa a 1,700 corporaciones en Puerto Rico a través de un intermediario que recibe su correspondencia, emplazamientos, etc, es parte de la estructura legal que se colocó en el tablero de ajedrez de las dos fundaciones que se crearon en el Departamento de Estado de Puerto Rico en junio 2020 para encubrir los nombres de quienes aportaron hasta tres cifras para llenar las arcas de Salvemos a Puerto Rico.
The Prentice Hall Corporation System, una corporación que hace negocios en Puerto Rico desde 1961, es la matriz que a su vez contrató en Puerto Rico a Fast Solutions LLC, como agente residente de Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad. Los empresarios Armando Oliver Ortiz y Maria de L. Paraliticci Morales, son los propietarios de Fast Solutions, cuyos nombres fueron registrados desde el 2020 como los agentes residentes de esas OSFL en el DE.
A preguntas de Bonita Radio, Oliver Ortiz dijo que nunca ha sido entrevistado por las autoridades federales pero no puede contestar que su cliente The Prentice no haya sido contactado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). “Yo no me entero nunca de lo que pasa con esos clientes. Solo recibo correspondencia. Mi cliente es The Prentice”, dijo.
Ese esquema de corporación sobre otra, deja fuera del registro del DE a quienes realmente dirigen las corporaciones. Es más difícil llegar a ellos como de hecho ha pasado en la pesquisa de Salvemos a Puerto Rico y las fundaciones que llenaron en parte su fondo para dirigir campañas de descrédito a los retadores de Pierluisi.
“Se crearon instrumentos legítimos para a través de esos introducir el producto sucio (en este caso donativos de individuos) y así llevarlos limpios al pote del SuperPac, a sabiendas que mentían sobre el origen del dinero. Es lo más parecido a un esquema de “money laundering” pero en el escenario de campañas políticas”, dijo una fuente de entero crédito, especialista de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y de pesquisas de corrupción pública sobre el rastro que descubrió Bonita Radio en cuanto a la forma en que se produjo un esquema que mantiene convicto a quien mintió sobre los donativos para fondear Salvemos a Puerto Rico, el Contador Público Autorizado (CPA), Joseph Fuentes Fernández.
La pregunta hoy, cuando se asegura que colaboradores cercanos a la campaña de #Pierluisi2020 cooperan con las autoridades, como el licenciado Alejandro Figueroa Colón, es, si el que incorporó las sin fines de lucro que son parte fundamental del esquema, Alvaro Pilar Vilagrán, igualmente se entregó a las autoridades a través de un acuerdo de cooperación. El abogado de las corporaciones SFL, Frank Torres Viada, no contestó llamadas de Bonita Radio que fueron dejados con su secretaria.
Pilar Vilagrán es un ex director ejecutivo de la Autoridad de Puertos (AP) cuando Luis Fortuño era gobernador y Pierluisi era Comisionado Residente. Es un cercano al grupo de trabajo de la campaña del hoy Gobernador. Desde el siete de diciembre 2021, a un año de defender a brazo partido la existencia de las dos organizaciones sin fines de lucro, obtuvo un contrato con el Departamento de Educación, a razón de $10K mensuales que vence el próximo 30 de junio.
Por su parte, Figueroa Colón así como Andrés Guillemard Noble eran, respectivamente, el “asesor legal” y ‘recaudador significativo allegado al Gobernador” en la campaña #Pierluisi2020.
“Hay que ver qué dice Joey sobre quiénes participaron de ese esquema. ¿Estará cooperando Alvaro?”, se cuestionó una fuente con conocimiento de la investigación sin soltar prenda sobre esa posibilidad.
En el DE se consignó, para las dos corporaciones SFL, que “está organizada y será operada exclusivamente con fines benéficos y/o educativos, para la promoción del bienestar social en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico u otros fines que permitan a la Fundación calificar como una organización exenta de contribuciones bajo las disposiciones de Sección 1101.01(a)(2)(A) de 2011 del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (el “Código de PR”) y/o 501(c)(4) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986 ( el “Código de EE. UU.”), ya que dichas secciones pueden ser enmendadas de vez en cuando, o las secciones equivalentes de cualquier ley que pueda sustituir o reemplazar el Código de PR y/o el Código de EE. UU”.
La ficción jurídica que crea la corporación pone a los directivos a responder por ésta toda vez que la misma exista sin problemas de organización, defina quienes son sus directivos y se establezcan, conforme a derecho, los artículos de incorporación.
La no existencia de esos requisitos pudo darse cuando en el momento de radicadas no se identificó ni dirección, incorporadores y a qué se dedicaría la SFL, lo que es un requisito indispensable de la Ley de Corporaciones.
Ese hecho fue subsanado cuando Pilar Vilagrán acudió en demanda contra el DE – luego de que la agencia canceló las corporaciones – en agosto de 2020 y el juez Alfonso Martínez Piovannetti resolvió en su favor el primero de septiembre de 2020, por lo que le fue restituido el status de sin fines de lucro de ambas corporaciones.
Entretanto, Fuentes Fernández hizo alegación de culpa el cinco de mayo, coopera con las autoridades y ha estado grabando en diversas actividades con allegados a la conspiración, aseguran las fuentes. Pilar Vilagrán ha contestado preguntas de periodistas y se ha sorprendido de la alegación de culpa de su amigo, Fuentes Fernández.
Fue Pilar Vilagrán quien el cinco de agosto del 2020, se querelló de un alegado esquema de esconder información en los informes de ingresos y gastos de la campaña primarista de la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garced. Precisamente un día antes, el cuatro de agosto, ya el Departamento de Estado, bajo la dirección de Elmer Roman, habría cancelado las dos corporaciones que se crearon para el esquema de fondos a Salvemos a Puerto Rico luego de que fuera denunciado por el director de campaña de Váquez Garced, Jorge Dávila.
El 14 de septiembre del 2020, a un mes de que los donativos fluyeran como la espuma hacia las dos Fundaciones y de allí al SuperPac, Pilar Vilagrán radicó en el DE un documento que enmienda los artículos de incorporación colocandose
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él como incorporador y a Fast Solutions como agente residente.
LOS DONANTES Y LAS CORPORACIONES
La Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, tienen nombres con imaginario de estadidad y fueron creadas para encubrir los verdaderos donantes del Super Pac, Salvemos a Puerto Rico, donde llegaron donativos de inversionistas políticos como Marc Tacher, Federico Stubbe y Ricky Castro, para apoyar el intento de Pedro Pierluisi de convertirse en Gobernador y hacerle la campaña ‘sucia” a sus contendientes más cercanos, dentro y fuera del Partido Nuevo progresista (PNP).
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Todos los estadistas y correligionarios del Gobernador que donaron a Salvemos a Puerto Rico, mediante el esquema ilegal identificados hasta el momento por las autoridades federales, recibieron contratos con el gobierno a través de sus corporaciones y exenciones contributivas para sus negocios, entre el 2021 y el presente año.
Castro y su corporación Castro Buisiness – que donó $50K en octubre del 2020 – mantiene contratos con el gobierno a través de las tiendas militares de la Guardia Nacional que han sumado ya $34M Stubbe, un ex oficial del gobierno de Carlos Romero Barceló, tiene hasta un 90 porciento en excención contributiva con sus negocios de hospedería, desarrollo de viviendas de lujo y entretenimiento. También tiene $10 millones en créditos contributivos por el desarrollo turístico médico de un hospital en Dorado.
En el caso del empresario Elvin Pagán Padilla, donó al Super Pac, en junio del 2020, $59,200 a nombre de su empresa AP Engineering. Entre el 2021 y el presente, ha firmado contratos por $7.4 millones bajo su también corporación LT Automation, con la Autoridad de Energía Eléctrica, Acueductos y Alcantarillados; la privatizadora de distribución y transmisión de energía, Luma Energy y el municipio de San Juan.
Otra corporación, Díaz y Vázquez Law Firm, tiene contratos con la AEE y la AAA, por $16M, entre el 2020 y el 2022. Entre el 26 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2022, tiene contratos con gobierno por unos $5.4M. Uno de sus socios, Arturo Díaz Angueira, donó $20K al SuperPac el 23 de junio de 2020.
A Roberto Cacho Pérez, quien donó al Super Pac $76,800 en octubre del 2020, recibió una exención de $193M el 12 de diciembre del 2020 para el desarrollo de un complejo hotelero en Cabo Rojo, a través de su corporación Cabo Rojo Land Adquisition. El complejo tiene playas privadas; dos hoteles, uno de ellos boutique, campo de golf, centro comercial, entre otros y está planificado para comenzar en una primera fase en enero del 2023.
Cacho Pérez, amigo de Fuentes Fernández con quien tiene otros negocios en la Isla y del gobernador Pierluisi, busca inversionistas que apoyen el proyecto de desarrollo en medio de tierras conocidas en Cabo Rojo como de alto valor ecológico y protegidas como es el área de Los Pozos.
Tiene a su haber, ser un desarrollador de proyectos como el Hotel W en Vieques, que dejó abandonado tras el huracán María y que recientemente fue vendido por el gobierno al critpto inversionista de la Ley 60, Brock Pierce.
Otro de los donantes, Luillo Ruiz, hijo de la representante penepé, Iris Miriam Ruiz, donó $25K el 19 de octubre de 2020. En la administración Rosselló, recibió incentivos contributivos de hasta $63 millones para sus corporaciones, Little Pictures y Pimienta Films. Little Pictures fue la que donó a las fundaciones SFL.
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Otro de los donantes, Luillo Ruiz, hijo de la representante penepé, Iris Miriam Ruiz, donó $25K el 19 de octubre de 2020. En la administración Rosselló, recibió incentivos contributivos de hasta $63 millones para sus corporaciones, Little Pictures y Pimienta Films. Little Pictures fue la que donó a las fundaciones SFL.
Mientras, el gobierno hace silencio con relación a la pesquisa que tiene en la mirilla a allegados al Gobernador. El último en ser confrontado con el status de las dos Fundaciones en el esquema ilegal, fue el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien no dice qué pasa en esa agencia con los donantes de las dos sin fines de lucro que no tienen ese status de excentas contributivas a pesar de que así lo consignaron en el Departamento de Estado.
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